Proponen castigar con cárcel las terapias de conversión en San Luis Potosí
La diputada Frinné Azuara Yarzábal presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado con el objetivo de prohibir y sancionar las denominadas terapias de conversión, prácticas dirigidas a modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas.
La propuesta legislativa busca armonizar el marco jurídico estatal con el Código Penal Federal y fortalecer la protección de los derechos humanos de personas de la diversidad sexual, históricamente víctimas de discriminación y violencia.
La iniciativa contempla la adición del Capítulo VIII, titulado “Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas”, dentro del Título Cuarto del Código Penal del Estado.
Se crearían los artículos 190 Bis y 190 Ter, los cuales establecerían penas de dos a seis años de prisión y multas de hasta dos mil veces la UMA a quienes realicen, promuevan, obliguen o financien cualquier tipo de tratamiento o terapia que busque suprimir la identidad o preferencia sexual de una persona.
Las sanciones aumentarían al doble si la víctima es menor de edad, adulto mayor o persona con discapacidad.
También se endurecerían si el agresor tiene una relación de poder o subordinación con la víctima (como médicos, docentes, empleadores o funcionarios públicos), o si emplea violencia física, psicológica o moral.
En el caso de que los responsables sean los padres o tutores legales de la víctima, el juez podrá imponer amonestaciones o apercibimientos, según lo considere pertinente.
Además, se plantea una modificación a la Ley de Salud del Estado para sancionar a los profesionales del área médica o de la salud que participen en estas prácticas, equiparando sus actos a los delitos establecidos en el Código Penal.
Azuara Yarzábal señaló que esta propuesta responde a un compromiso con la justicia social y con el respeto a los derechos humanos, al tiempo que busca erradicar prácticas que representan una amenaza a la salud y dignidad de muchas personas.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia y de Salud y Asistencia Social para su análisis y dictamen.
