Gobierno amplía y fortalece eje de trabajo para personas privadas de la libertad

• Actualmente, más de mil 600 personas privadas de la libertad en los seis Centros Penitenciarios Estatales, reciben una remuneración económica por parte de empresas que brindan empleabilidad

A través de un trabajo constante por parte de este Gobierno potosino, por medio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), se refuerza y mejora el proceso de Reinserción Social de las Personas Privadas de la Libertad (PPL) en los seis Centros Penitenciarios Estatales, en sus cinco ejes de operación que dirigen acciones para brindar nuevas oportunidades de vida a quienes cumplen una sentencia.
El titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, Jesús Juárez Hernández, afirmó que tras la instrucción del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, se concretan colaboraciones con diversas instancias del sector público y privado, y a un año de la actual administración se han atendido rubros que presentaban rezagos desde gobiernos anteriores, como es la infraestructura de las instalaciones; garantía de los derechos humanos de las PPL, proyectos de inversión, vigilancia y seguridad, así como el fortalecimiento de programas en educación, trabajo, capacitación laboral, deporte y salud.
Al respecto, ahondó que en próximos días dos nuevas empresas en la fabricación de bicicletas materializarán el ofrecimiento de empleo remunerado a más internos e internas de los Centros Penitenciarios de la entidad. Específicamente, en el de la capital, en la delegación de La Pila, cuatro empresas ya brindan una oportunidad laboral y la posibilidad de ingreso a PPL.
Actualmente, en todo el Estado potosino, el 65 por ciento de la totalidad de población penitenciaria es parte de esta alternativa de trabajo, autoempleo y capacitación laboral, teniendo una fuente de ingresos que beneficia su estadía y a sus familias de manera directa, al obtener recursos económicos para resolver sus propias necesidades, manifestó.
Juárez Hernández destacó que ello representa que más de mil 600 hombres y mujeres privadas de la libertad, colaboran en la elaboración de alimentos, indumentaria, artesanías, entre otros procesos industriales, gracias a los convenios logrados con el sector productivo para incentivar el empleo como una virtud del proceso de reinserción social para transformar sus vidas.