Congreso de San Luis Potosí aprueba reforma para garantizar justicia con perspectiva de infancia y adolescencia
El pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con el objetivo de garantizar un enfoque integral con perspectiva de infancia y adolescencia en las decisiones judiciales y en la formulación de políticas públicas.
La iniciativa fue presentada por la diputada Roxanna Hernández Ramírez, quien expuso que históricamente la perspectiva de la infancia ha sido relegada en las leyes y en la jurisprudencia, a pesar del impacto directo que muchas resoluciones judiciales tienen en este sector de la población.
Con la reforma aprobada, se establece que las políticas y programas de gobierno deberán diseñarse e instrumentarse bajo un enfoque transversal que incorpore los derechos humanos, la perspectiva de género y la protección específica de niñas, niños y adolescentes, buscando garantizar condiciones reales de igualdad.
Durante la exposición de motivos se destacó el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoce que escuchar y atender la opinión de las personas menores de edad en los procesos jurisdiccionales que les conciernen constituye un ejercicio efectivo de su derecho de acceso a la justicia y un elemento relevante para que los juzgadores determinen lo más favorable a sus derechos.
Asimismo, se subraya que, para alcanzar una justicia con perspectiva de infancia, las autoridades judiciales y sus auxiliares deberán generar las condiciones adecuadas para interactuar con niñas, niños y adolescentes, permitiéndoles expresar libremente su opinión conforme a su edad y grado de madurez.
La diputada Roxanna Hernández señaló que el interés superior de la niñez debe prevalecer sobre cualquier otro interés que pueda perjudicarles, por lo que esta perspectiva debe guiar la actuación de las autoridades responsables de la defensa, representación jurídica, asistencia, prevención, protección y participación de niñas, niños y adolescentes, tanto en los servicios públicos como en la formulación y ejecución de políticas públicas.
Finalmente, la reforma establece que la protección de los derechos de este sector tiene como finalidad asegurarles un desarrollo pleno, que abarque los ámbitos físico, mental, emocional, social y moral, garantizando su formación en condiciones de igualdad y con una visión integral de infancia y adolescencia.
